La Comisión de Derechos Civiles y Anticorrupción ha revelado que los legisladores surcoreanos han comercializado criptomonedas por un total de 125.600 millones de wones (97,6 millones de dólares) en los últimos tres años.
La revisión de 90 días de la comisión de los 298 documentos legislativos vigentes entre el 30 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2023 reveló errores en algunos casos, lo que generó preocupaciones sobre la transparencia y las prácticas financieras, reveló la comisión. el viernes.
Las actividades criptográficas de los legisladores bajo visibilidad
Según las conclusiones de la agencia, 18 legisladores tenían activos reales en el momento de su nombramiento, mientras que 11 participaban en transacciones activas, lo que generó costos de compra y venta que alcanzaron 62.500 millones de dólares (48,4 millones de dólares) y 63.100 millones de dólares (48,8 millones de dólares), respectivamente. El informe plantea interrogantes sobre la naturaleza de estos intercambios y los beneficios económicos asociados con ellos, dejando de lado las razones detrás de ellos.
La auditoría también analizó los diferentes tipos de recursos financieros que tienen los responsables de las políticas, incluidos 107 tipos en total. Bitcoin surgió como la opción más popular entre los responsables políticos, lo que refleja la tendencia en el mercado de las criptomonedas.
Contraindicaciones de las Directrices
Una mirada más cercana reveló inconsistencias en los libros y registros de 10 legisladores en comparación con sus declaraciones voluntarias a principios de este año. La investigación también reveló un caso en el que un legislador creó 49 criptomonedas sin informarlas a la Asamblea Nacional, citando una cuenta de criptomonedas cerrada.
Curiosamente, las actualizaciones financieras de tres legisladores se llevaron a cabo durante las reuniones del comité permanente, lo que indica que algunos de ellos pueden estar realizando actividades parlamentarias. La Comisión también explicó que, si bien esto no viola la ley que previene los conflictos de intereses, genera preocupación sobre los legisladores en su capacidad legislativa.
Si bien la comisión revisó el controvertido historial de recepción y destitución de legisladores sobre asuntos específicos, recomendó la aprobación de un proyecto de ley parlamentario que exige que los legisladores revelen sus participaciones. La decisión surge como una forma de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas justa dentro del Parlamento, especialmente a la luz de las próximas elecciones generales del 10 de abril.